A nivel global, la decadencia del capitalismo tardío está desplegando, en todas las sociedades occidentales, toda su crudeza precarizadora de la vida. El acceso a los derechos fundamentales, en los países sometidos a la vorágine del mercado y del consumo, se vuelve cada día una quimera que habita solamente en los catálogos de derechos de las constituciones y las leyes de las democracias liberales.
Particularmente, el acceso al trabajo y sobre todo la erosión de la capacidad adquisitiva de los salarios en los últimos 30 años, impactan directamente en el disfrute del tiempo libre y por ende en el acceso, goce y ejercicio de los derechos culturales, y de la vida en comunidad y en familia.
Fotografías: Archivo Dirección de Cultura, Prefectura de Pichincha
De igual manera, la agudización de las condiciones de vida en la ruralidad, derivadas de las políticas de liberalización del comercio internacional, han expulsado a las nuevas generaciones de la ruralidad alejándolas de sus prácticas y usos tradicionales, lo que causa estragos entre otros aspectos, en la identidad, la memoria y la salvaguarda del patrimonio inmaterial.
También, a escala global, en los últimos años, han tenido lugar el acaecimiento de emergencias sanitarias, ambientales y climáticas que han provocado cambios importantes en el corto, mediano y largo plazo, en los patrones de comportamiento y consumo de bienes y servicios relacionados con la cultura. La pandemia del COVID 19 es un claro ejemplo de ello pues impactó con espacial dureza al sector cultural.
En ese contexto de crisis global y estructural del capitalismo, en nuestro país tuvo lugar el restablecimiento de gobiernos neoliberales, que aupados en esquemas autoritarios, han implementado políticas de ajuste estructural, restricción del gasto y en consecuencia de regresión de derechos, que han desencadenado graves crisis energéticas y de seguridad que han golpeado también al sector cultural. Dichas políticas han acrecentado la espiral de precarización del trabajo cultural, nos han alejado de los espacios públicos y privados donde se desarrollan actividades artísticas, y bajo su enfoque, el arte y la cultura se consideran bienes suntuarios, Por tanto, el empleo de recursos públicos en el fomento al arte a la cultura se ha satanizado y es visto, por los neoliberales criollos, como un gasto y no como inversión pública con poder transformador.
Las restricciones, producto de las políticas de austeridad fiscal, además han traído aparejados recortes de presupuesto a las instituciones del Sistema Nacional de Cultura, despidos de funcionarios públicos, la retención inconstitucional e ilegal de los recursos propios de los gobiernos locales, pero sobre todo la inacción del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta inercia del Estado central tuvo como consecuencia el estancamiento de los procesos para la implementación de la Ley Orgánica de Cultura, la priorización de modelos de economía naranja durante los años siguientes (que tampoco llegaron a implementarse totalmente) pero que invisibilizaron a las economías de la cultura y la gestión cultural comunitaria, y la restricción de la actividad cultural en formatos presenciales en espacios públicos y privados: en definitiva, la desintegración la política pública nacional en cultura y patrimonio.
Rol de los gobiernos locales
En ese contexto de desinstitucionalización, la figura de los gobiernos locales, particularmente de prefecturas y municipios, en el caso de Ecuador, cobra especial relevancia, pues a pesar de sus limitaciones presupuestarias y técnicas, sostienen elementos esenciales de la gestión pública para la garantía de los derechos de la ciudadanía.
De este modo los gobiernos locales, deben suplir el vacío en la definición de la política pública cultural que deja el nivel central a través de políticas y programas de fomento de las artes; de promoción de la gestión cultural, con enfoque particular en la gestión comunitaria y la cultura viva; de salvaguarda del patrimonio inmaterial y la identidad de cada localidad; y de reconocimiento de la diversidad cultural propia de nuestros territorios.
Todo lo anterior con un enfoque amplio e integral de la cultura, que trascienda las expresiones puramente artísticas y de gestión cultural, y que se extienda a las manifestaciones de la cultura en la vida cotidiana de las personas y que guardan relación con sus formas de producción, su relación con la tierra y la diversidad de sus formas de organización. Es allí donde reside y se aprecia en toda su magnitud el poder transformador e integral de la cultura en la vida de las personas.
Fomento y acceso a oferta artística y cultural
En ese escenario precarizador, los gobiernos locales no pueden eludir la responsabilidad de definir políticas y ejecutar programas y proyectos que combinen el fomento a los artistas y gestores culturales con el acceso a oferta artística de calidad, de tal suerte que las políticas locales permitan:
– A artistas, gestores culturales y trabajadores de la cultura en general vivir dignamente de sus proyectos.
– A los artistas y a los públicos contar con espacios adecuados para el ejercicio y disfrute de actividades artísticas.
– A los artistas y gestores tener herramientas que les permitan acceder a mercados, fondos y espacios para vincularse, a través de prácticas de cooperación, complementariedad e intercambio de experiencias.
De ese modo, la política local debe, por una parte, impulsar procesos de creación y producción artística y por otra, abrir espacios de exhibición para permitir la distribución de bienes y servicios culturales y el acceso de los públicos. Estos espacios no deben circunscribirse a la exhibición sino que deben abarcar: la creación, exhibición y circulación cultural y artística, dentro y fuera del país; ofrecer la posibilidad a artistas y gestores de adquirir conocimientos para emprender actividades artísticas y proveer herramientas para fortalecer capacidades; y, deben constituirse en lugares propicios para la generación de redes de solidaridad y cooperación.
Es preciso pasar, de la gestión en cultura de los gobiernos locales entendida como meros auspiciantes de celebraciones, a ejercer como entidades claves del Sistema Nacional de Cultura que planifican, definen y ejecutan política pública cultural en sus territorios.
Diversidad de expresiones culturales, identidad y memoria
La cercanía de los gobiernos locales con el territorio, y las demandas y necesidades de sus poblaciones, es también determinante a la hora de garantizar el libre ejercicio y acceso a las diversas expresiones culturales, determinantes para la identidad y la memoria de cada localidad.
En cada parroquia, barrio, asentamiento y comuna existen organizaciones de gestión y expresión cultural y artística de diversas manifestaciones y géneros; en cada localidad existen hitos, historias, usos y tradiciones que son valorados por sus habitantes como elementos determinantes de su identidad. Estas organizaciones y estas expresiones culturales resisten, contra viento y marea, a un modo de producción basado en el consumo de bienes y servicios estandarizados y homologados que anula e invisibiliza toda expresión que no se encuadra en esa lógica de maquila.
La gestión de los gobiernos locales, debe enfocarse entonces, en la implementación de programas y proyectos que incentiven la acción de las organizaciones de gestión cultural comunitaria y su articulación en red con organizaciones similares para favorecer el establecimiento de vínculos de apoyo, y canales y circuitos de circulación de su actividad.
De igual manera, la gestión de los gobiernos locales debe contemplar programa y proyectos orientados a la recuperación y puesta en valor de la memoria de nuestras parroquias, barrios, comunas, recintos y asentamientos, que se expresen a través de una diversidad de expresiones artísticas, y que a su vez, motiven y dinamicen las prácticas de las comunidades artísticas presentes en estos territorios.
Finalmente, en este aspecto, es necesario tomar con seriedad a la Cultura Viva Comunitaria, y con elementos prácticos dar lugar a la creación de la Red de Gestión Cultural Comunitaria. Desde lo público y en particular desde los gobiernos locales, eso tiene que traducirse en la creación de diseños institucionales que reconozcan las particularidades de la cultura viva comunitaria; en el establecimiento de líneas de financiamiento específicos; en el fomento a la creación y sostenibilidad de espacios de encuentro para la mediación e intercambio de saberes; y, en el empleo de instrumentos de política pública para el fomento de emprendimientos culturales desde la perspectiva de la economía popular y solidaria.
Poder transformador del arte y la cultura
Finalmente, y también por su cercanía con la población, los gobiernos locales están en la obligación de generar, a través del arte y la cultura, mecanismos que permitan la movilidad social ascendente, la recuperación del espacio público, la recomposición del tejido social, el combate a las diversas formas de violencia (en particular en contra de las mujeres) así como, la creciente inseguridad como consecuencia de la implantación del crimen organizado.
Para ello, es indispensable que los gobiernos locales asuman la responsabilidad de llevar arte y cultura, de manera planificada y sujeta a criterios de seguimiento y evaluación, a los diferentes espacios públicos de su jurisdicción, no solo con el lógico sentido de entretenimiento, sino también con la finalidad de que se garantice el acceso a actividades artísticas y culturales diversas y de calidad, que promuevan la exploración hacia otras expresiones y géneros; que den lugar a la apreciación crítica y la reflexión colectiva en aspectos esenciales de la convivencia social; que permitan reestablecer el tejido social y los vínculos entre los vecinos y favorecer así sus procesos de organización colectiva; y, constituyéndose en espacios que generen encadenamientos productivos que, trasciendan la cadena de valor del arte y la cultura.
Para esto es indispensable que las autoridades nacionales y locales comprendan e internalicen que el arte y la cultura son, en esto, determinantes por su carácter transformador y transversal y no tengan reparos en incrementar los presupuestos, ni en invertirlos en cultura.
Retos pendientes
Sin duda alguna, el reto de la construcción de la política pública de cultura y patrimonio en los últimos años ha sido cuesta arriba para los gobiernos locales, que han tenido dar respuestas a las necesidades de artistas y gestores culturales frente al evidente vacío del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con presupuestos reducidos y en los últimos años, además, con la retención ilegal e inconstitucional de sus recursos propios por parte de las administraciones centrales que hacen que la planificación de la política pública se convierta en un desafío sujeto de manera desmedida al alea o suerte.
En ese contexto y en función de las coyunturas cíclicas de nuestro país, es imperativo que los gobiernos locales consoliden sus procesos de política pública de manera que queden blindados, en la medida de lo posible, frente a las idas y venidas del neoliberalismo criollo, para ello es necesario:
1. La creación de ordenanzas de cultura y patrimonio, que ratifiquen la consagración de los derechos culturales en cada territorio, que contengan mecanismos para el fomento de las artes, la promoción de las culturas vivas comunitarias, el fortalecimiento de la formación y promoción musical en la provincia, y un una línea de fomento que asegure sus presupuestos en el tiempo.
2. La definición de modelos de gestión para los programas institucionales de fomento como festivales y mercados públicos, de modo que sean sostenibles en el tiempo y financieramente, para brindar certezas a todos los actores del Sistema Nacional de Cultura y que de este modo permitan la generación de vínculos y el establecimiento de circuitos nacionales e internacionales estables.
3. La creación de plataformas locales para el registro y vinculación entre actores culturales más allá de la lógica de la calificación para el otorgamiento de incentivos; sino como mecanismos, que en primer término reconozcan la diversidad, pero que, además, generen colaboraciones encaminadas a combatir la precariedad actual en el sector cultural y faciliten el acceso de la ciudadanía a todas las acciones de política pública que impulsa e implementan los gobiernos locales, generando, así, un ecosistema idóneo para el desarrollo del trabajo cultural digno.
por Christian Pino Garrido
Director de Cultura y Patrimonio
Prefectura de Pichincha
