El Ecuador es un territorio que, en términos demográficos, se encuentra compuesto mayoritariamente por población urbana. De acuerdo al censo nacional más reciente, en 2022, el 63,1% de la población ecuatoriana vive en ciudades (CENSO, 2022).
Somos un país altamente urbanizado. En este sentido, resulta pertinente la interrogante de cómo construimos y habitamos las ciudades.
¿Tenemos ciudades incluyentes en el Ecuador? ¿Se impone un modelo excluyente y clasista de convivencia en las principales ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca?
Según la Ley Orgánica de Cultura, el patrimonio es definido como “el conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes y prácticas sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales”. Mientras que, en términos de política pública el término patrimonio se plantea como un concepto “integrador”, que la materialización de la política pública y el imaginario colectivo suelen imprimir una perspectiva excluyente. Basta con visitar el centro histórico de Quito para constatar la realidad material de cómo la ciudadanía se relaciona con el patrimonio. Actualmente y, al menos desde el 2019, los gobiernos de turno han mantenido una valla que encapsula al palacio de gobierno, separándolo del resto de la ciudad, mostrando una imagen violenta respecto a la forma en la que el patrimonio se presenta a las clases populares.
El concepto de patrimonio, lejos de constituirse como una categoría legal, separada del ámbito que le da vida, la sociedad, es un concepto en disputa, como todo lo social. Existen diversas perspectivas de clase de lo que significa el patrimonio, las mismas que se contraponen. En términos históricos, la República del Ecuador se funda como un proyecto excluyente, racista y enmarcado en perpetuar el dominio de una élite blanqueada, frente a las masas populares desposeídas y explotadas.
En este sentido, la clase dominante enaltece ciertos rasgos de la historia -la dominación colonial- como el punto de partida de una lógica neocolonial, que no solo desprecia y desvaloriza lo popular -indígena, afro, trabajador, pobre- sino que lo ataca constantemente, en medio de la disputa por los sentidos. Un antiguo proverbio indica que la historia la hacen los vencedores, mientras las y los vencidos quedan relegados al despojo de su historia, nuestra historia, la historia de los pueblos.
Ciertamente, el imaginario colectivo en torno al concepto de patrimonio varía entre las clases sociales. Mientras la clase dominante considera patrimonio a los adoquines y las paredes blancas de las iglesias del centro histórico, resaltando la franciscanidad, además del conservadurismo tan característico de las élites quiteñas; este concepto parece chocar con lo popular; a tal punto, de declararlo ajeno, invasivo y hasta amenazante a esa supuesta pulcritud sacrosanta. Esta interpretación elitista de patrimonio entra abiertamente en disputa y conflicto, de forma reiterada, en los grandes procesos de movilización popular de los últimos años. Durante octubre de 2019 y junio de 2022, la burguesía -acuñado el término durante la Revolución Francesa y referente a la clase alta que vivía en los burgos de castillos y feudos- clamaba por sus adoquines, paredes e iglesias, temiendo su destrucción o vandalización bajo las masas populares.
Estos momentos elevados de la lucha de clases reflejan el profundo clasismo impregnado en el imaginario de la burguesía, que al clamor de “¡Ya vienen los indios!”, reflejan una imagen de violencia, marginalización y exclusión, como uno de los clivajes sociales que atraviesan la idiosincrasia de la sociedad ecuatoriana. Amplificada por los medios corporativos, esta disputa simbólica por el espacio patrimonial y público, llevó a una equiparación entre civilización y barbarie. El patrimonio colonial, mismo que fue impuesto por violencia y dominación, ahora es enaltecido como símbolo de cultura y civilización; mientras lo popular y lo indígena, es denigrado y desechado como un “pasado oscuro” que debe ser borrado de la historia. Bajo esta premisa, se cerró completamente el Centro Histórico en junio de 2022, impidiendo el paso y la ocupación popular de los sitios y plazas con mayor simbolismo histórico. Mientras en los 80s y 90s, la lucha popular reclamaba el espacio público en el centro histórico con tomas simbólicas, en la actualidad este centro se convierte en un solo cordón policial. Al finalizar el paro de junio de 2022, la clase dominante celebraba a las fuerzas represivas en público y con banderas blancas, agradeciendo ser los guardianes del patrimonio, tanto físico como simbólico, de una ciudad blanqueada llamada Quito.
En el contexto del patrimonio en disputa, cabe plantear la siguiente pregunta: ¿Por quién fueron construidas las tan veneradas iglesias blancas del centro histórico? Por la clase trabajadora, por mano esclava indígena.
En cambio, el concepto de patrimonio en términos simbólicos, culturales y sociales para las clases populares, conlleva un significado totalmente contrapuesto a la imagen franciscana que se refleja en los tan preciados adoquines y las pulcras iglesias de Quito. En este sentido, resulta fundamental entender a la cultura y el patrimonio como conceptos vivos y móviles, porque son constantemente resignificados por el conjunto de la sociedad; y no como monumentos muertos y sin vida, como su contraposición desde la clase dominante. Durante los paros plurinacionales de octubre de 2019 y junio de 2022, se convirtieron en patrimonio popular el parque de El Arbolito, El Ejido, la Casa de la Cultura, por haber representado los lugares centrales de la lucha popular.
Incluso se podría indicar que -en términos del imaginario colectivo popular-, elementos centrales para el sostenimiento de la lucha social, como la práctica solidaria de las ollas comunitarias, los espacios de cuidado colectivo y el conjunto de expresiones artísticas y culturales que confluyeron y se articularon en el imaginario del paro, representan un patrimonio material e inmaterial. Durante las jornadas de movilización y lucha, paredes estériles y frías, bloques de concreto y hasta las mismas calles, se llenaron de color y simbolismo; plasmándose nuestras imágenes de lucha, nuestros y nuestras referentes históricas como Tránsito Amaguaña. Nuestros muertos y asesinados por el Estado cobran vida al ser pintados sus rostros y nombres en las paredes de la ciudad, para convertirse en espacios de memoria viva, en un sentido de reapropiación de lo público.
Quienes creamos cultura y patrimonio, en el mismo sentido que creamos la riqueza en el mundo, somos las clases populares. Los propios símbolos de la lucha histórica del pueblo como Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, inmortalizadas por el Estado al imprimir sus imágenes en monedas o en premios que llevan sus nombres, reflejan la profunda hipocresía que representa canonizar a luchadoras sociales, que en vida fueron perseguidas y encarceladas.
Al contrario de lo establecido como “políticamente correcto”, los símbolos populares, que conllevan prácticas de solidaridad de clase y el sostenimiento de la vida colectiva, representan el verdadero patrimonio cultural del Ecuador. Al encontrarse en una disputa perpetua, el concepto de patrimonio se resignifica constantemente, reflejando la dialéctica histórica impresa en los imaginarios colectivos y la lucha de clases como tal.
En cuanto a resignificar el patrimonio en lo histórico, resulta fundamental la práctica de reapropiación que se constituye como eje de interacción de las clases populares. Las jornadas de lucha social, de octubre de 2019 y junio de 2022, más allá de representar una expresión organizada y sostenida de demandas populares y la deuda histórica que el Estado ecuatoriano mantiene con la clase trabajadora, reflejan el profundo contenido simbólico y patrimonial que representa el pueblo en el Ecuador y en el conjunto de las latitudes a nivel global.
El patrimonio vivo, cambiante, en disputa y constantemente en resignificación es, en definitiva, el pueblo del Ecuador en su conjunto, con sus profundas prácticas sociales y políticas; además de sus expresiones artísticas y culturales. La verdadera riqueza reside en la amplia diversidad cultural y social que comprenden las clases populares en términos colectivos. El primer patrimonio de la humanidad -como ya lo indica su propia conceptualización- es el ser humano como tal, en toda su riqueza y diversidad cultural y sus prácticas colectivas.
por Felipe Kohler
Periodista militante
Coeditor de Revista Crisis
